El PSOE vota en contra de la moción popular para reforzar la Policía Nacional en Canarias, que reclama una Unidad de Guías Caninos en Tenerife, servicios permanentes en El Hierro y La Gomera, mejoras en las instalaciones y más estabilidad para las plantillas.
Juan Antonio Rojas: “Vivir en una isla no puede significar disponer de peores servicios públicos del Estado”
El Grupo Popular ha logrado sacar adelante en la Comisión Mixta sobre Insularidad una moción para reforzar los medios, las infraestructuras y las plantillas de la Policía Nacional en Canarias, a pesar del voto en contra del Grupo Socialista.
El diputado del PP Juan Antonio Rojas defendió durante el debate que Canarias necesita “una Policía Nacional con medios, infraestructuras y plantillas acordes con las necesidades reales de las islas”. Pidió además al Estado medidas específicas que compensen las dificultades que la insularidad provoca en la prestación de los servicios públicos.
La moción contempla cuatro actuaciones concretas. La primera es poner en marcha la Unidad de Guías Caninos prevista para la provincia de Santa Cruz de Tenerife y dotarla de los efectivos y medios necesarios para que pueda operar con garantías.
La segunda exige un servicio permanente de documentación y extranjería en El Hierro y La Gomera, de modo que los residentes no tengan que viajar a otras islas para hacer determinados trámites. Rojas recordó que el Senado ya trató esta cuestión el pasado 24 de febrero, cuando aprobó por unanimidad un acuerdo para mejorar los servicios de documentación de la Policía Nacional en El Hierro y crear una unidad permanente. “Seguimos sin conocer qué actuaciones ha realizado el Gobierno para dar cumplimiento a aquel acuerdo”, señaló.
La tercera medida propone un plan de rehabilitación y adecuación de las dependencias policiales que presentan más deficiencias. La moción pone el foco en las instalaciones de La Laguna, Puerto de la Cruz-Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
La cuarta reclama medidas para mejorar la cobertura y la estabilidad de las plantillas, junto con una revisión de los incentivos económicos y profesionales ligados a la insularidad y a los destinos de difícil cobertura. “Canarias tiene una dificultad adicional para cubrir y estabilizar determinadas plazas debido a la insularidad y, especialmente, a la doble insularidad”, afirmó Rojas, que defendió que el Estado debe contar con plantillas “suficientemente dimensionadas y estables”.
Durante el debate, Rojas emplazó al Grupo Socialista a aclarar su postura y les preguntó “cuál de estos cuatro puntos consideran que no necesita Canarias”. “¿Consideran que Santa Cruz de Tenerife no necesita una Unidad de Guías Caninos? ¿Que los ciudadanos de El Hierro y La Gomera deben seguir desplazándose para determinados trámites? ¿Que las dependencias policiales que presentan deficiencias no necesitan actuaciones? ¿O que no debemos adoptar medidas para mejorar la cobertura y estabilidad de las plantillas?”, planteó. Para el diputado popular, “eso —y no otra cosa— es lo que estamos votando”.
El parlamentario subrayó también el contraste entre el acuerdo unánime del Senado en febrero y el rechazo del PSOE a la moción que ahora se ha debatido en la Comisión Mixta sobre Insularidad. “Sería razonable explicar qué ha cambiado desde febrero”, afirmó. “Porque los problemas no han desaparecido. Las necesidades siguen existiendo. Y Canarias continúa teniendo las mismas dificultades derivadas de la insularidad”.
Rojas sostuvo que la seguridad exige planificación, medios y capacidad de respuesta, y apuntó que las circunstancias recientes han dejado clara la necesidad de contar con efectivos suficientes y de poder reforzar las plantillas cuando haga falta.
“No estamos pidiendo esperar a que exista una situación extraordinaria en Canarias. Estamos pidiendo planificar antes: corregir las deficiencias de nuestras instalaciones, disponer de las unidades necesarias y conseguir plantillas suficientemente dimensionadas y estables”, afirmó.
A su juicio, la iniciativa aprobada supone además “entender la insularidad” y asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos del Estado, vivan en la isla que vivan.
“Vivir en una isla no puede significar disponer de peores servicios públicos del Estado. “Los ciudadanos no necesitan que sigamos diagnosticando estos problemas. Necesitan que se solucionen”, concluyó el diputado.