- Jacob Qadri, coordinador general de los populares canarios: “Se trata de un auténtico asalto a los bolsillos de los ciudadanos, una medida recaudatoria sin precedentes, que incrementará el coste de vida de los canarios y del resto de españoles, sin aportar soluciones efectivas”
- “Esta imposición del Ejecutivo central afectará negativamente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a pensionistas, parados, pequeñas y medianas empresas, así como a los precios del alquiler, que se verán disparados”
- “El Gobierno de Sánchez trata de confundir a los ciudadanos con las transposiciones de las directivas de la Unión Europea para justificar el tasazo de la basura”
29 de noviembre de 2024.- El Partido Popular de Canarias ha mostrado su firme rechazo al aumento de la tasa de recogida de residuos que impondrá el Gobierno de Pedro Sánchez a partir del próximo 10 de abril de 2025, ya que supone “un auténtico asalto a los bolsillos de los ciudadanos, una medida recaudatoria sin precedentes, que incrementará el coste de vida de los canarios y del resto de españoles, sin aportar soluciones efectivas a los problemas de gestión de residuos”.
Así se expresó el coordinador general del Partido Popular en las Islas, Jacob Qadri, durante una rueda de prensa celebrada este viernes en Santa Cruz de Tenerife, en la que estuvo acompañado por la diputada y vicesecretaria de Organización de su formación en Canarias, Laura Lima, y una representación de concejales del PP de diferentes municipios del Archipiélago.
“Nos oponemos frontalmente a la obligación de establecer una tasa de residuos por los ayuntamientos, teniendo que repercutir el coste íntegro de la recogida, gestión y tratamiento a los vecinos”, recalcó Qadri, insistiendo en que, “esta medida, se traduce en el saqueo a través de más impuestos y tasas a los ciudadanos”.
En este sentido, el portavoz popular advierte que “esta imposición del Ejecutivo central a las entidades locales afectará negativamente a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, a pensionistas, parados, pequeñas y medianas empresas, así como a los precios del alquiler, que se verán disparados”.
Qadri asegura que con esta “imposición, carente de sentido”, los ayuntamientos se ven obligados a repercutir al ciudadano un impuesto más, cuando lo realmente necesario es establecer mecanismos que permitan a los entes locales, como responsables de la gestión, hacer frente a los nuevos retos y compromisos, avanzar hacia la sostenibilidad, “sin que ello suponga un incremento de la presión fiscal sobre el ciudadano”.
Por otra parte, el representante popular asegura que esta medida significa también “un ataque contra la autonomía municipal”, al impedir que los ayuntamientos hagan uso de su libertad a la hora de elegir su modelo de financiación del servicio de recogida, transporte y tratamientos de residuos. “Exigimos que se respete la autonomía municipal y el reconocimiento a la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus ciudadanos, como vienen haciendo hasta ahora en la gestión de residuos”, señaló.
El también alcalde del municipio palmero de Barlovento sostiene que el Gobierno de Sánchez “trata de confundir” a los ciudadanos con las transposiciones de las directivas de la Unión Europea para justificar el “tasazo de la basura”. “La Directiva de Residuos no impone directamente a los Estados miembros la obligación de establecer la tasa de basura, como defiende el Ejecutivo central, ya que ofrece otras alternativas como las inversiones en infraestructuras para mejorar las técnicas de gestión de residuos”.
“El objetivo de la directiva europea no es otro que reducir la generación de residuos, aumentar el reciclaje y fijar objetivos de reciclado, “pero nunca aumentar la presión fiscal a las familias, que es lo que pretende Sánchez”, indica Qadri, añadiendo que “no impone a los Estados miembros la obligación de establecer las tasas de basura”.
“”Desde el Partido Popular seguiremos trabajando para lograr que se respete la autonomía municipal y reconocer la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos, permitiendo que las entidades locales puedan aliviar la carga fiscal de sus vecinos, como vienen haciendo hasta ahora con la gestión de residuos, con recursos económicos disponibles en el presupuesto municipal, y para lograr la derogación de la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos al 100% de los municipios”, apostilló Qadri.