Paloma Martín, portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Senado, presenta en Las Palmas de Gran Canaria el plan nacional del PP y advierte de la caída de la oferta y el aumento de la inseguridad jurídica.
La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Senado, Paloma Martín, participó este jueves en un encuentro de trabajo en Las Palmas de Gran Canaria con representantes del sector inmobiliario para analizar la situación de la vivienda en las Islas y exponer el plan nacional de su formación.
Antes de la reunión, Martín calificó de “estructural” la crisis de vivienda en España y responsabilizó al Gobierno central. “Las políticas de Sánchez han reducido la oferta, han incrementado la inseguridad jurídica y han dificultado el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes”, afirmó.
La dirigente popular defendió un plan basado en tres ejes: aumentar la construcción de vivienda, agilizar la Administración y reforzar la seguridad jurídica. A su juicio, estas medidas resultan imprescindibles para recuperar la confianza de propietarios e inversores y para incrementar la oferta disponible.
Martín criticó las decisiones del Ejecutivo, como la limitación del precio del alquiler o la prórroga obligatoria de contratos, y sostuvo que estas medidas “no generan nueva vivienda y expulsan inmuebles del mercado”. Según indicó, más de 120.000 viviendas han desaparecido del mercado del alquiler en los dos últimos años.
También cuestionó el último real decreto aprobado por el Gobierno, al considerar que “profundiza en los errores” y no aporta soluciones. “Ni el límite del 2% al alquiler ni la prórroga obligatoria crean vivienda nueva ni favorecen la construcción”, señaló.
La portavoz popular defendió una reforma legislativa amplia que incluya la derogación de la Ley de vivienda y la modificación de la Ley del suelo, la Ley de arrendamientos urbanos y la Ley de enjuiciamiento civil. Además, apostó por liberar suelo y acelerar los procedimientos administrativos mediante mecanismos como el silencio positivo.
En relación con otras iniciativas, Martín rechazó las propuestas del Grupo de Izquierda Confederal y, en particular, la planteada por la Agrupación Socialista Gomera (ASG). “Son planteamientos genéricos que no abordan el problema real”, afirmó. A su juicio, incentivar la salida de viviendas al mercado resulta inviable sin seguridad jurídica. “Los propietarios no alquilan por miedo a no cobrar o a afrontar procesos judiciales largos”, añadió.
Martín también alertó del impacto social de la okupación y la inquiokupación, que, según indicó, afectan sobre todo a barrios con menor renta. “Estas situaciones perjudican a las familias con menos recursos y agravan las dificultades de acceso a la vivienda”, explicó.
En el encuentro participaron representantes del Partido Popular de Gran Canaria, así como la senadora autonómica Rosa Viera y la secretaria ejecutiva autonómica de Vivienda, Jennifer Curbelo.
Por parte del sector asistieron, entre otros, Rafael Tarajano, presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ASEGI); Ovidio Macho Mishal, decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria; Isabel Cabra y Rafael Robledo, del Colegio de Registradores de Canarias Oriental; Patricia Jiménez, presidenta de FEMEPA; Víctor Rubio; y representantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Las Palmas (AJE).