El PP registra en el Congreso una iniciativa con medidas concretas y exige al Ejecutivo central que transfiera 100 millones anuales hasta 2028 para una isla que sigue sin recuperarse, cuatro años después de la erupción volcánica.
Cuatro años después de que el volcán arrasara parte de La Palma, el diputado popular Juan Antonio Rojas pone el foco sobre el Ejecutivo central con una pregunta que tiene una sola respuesta incómoda: ¿qué ha hecho el Gobierno por la Isla? “Promesas, anuncios y propaganda, mientras miles de familias siguen esperando", indicó.
Estas afirmaciones llegan tras el registro en el Congreso de una Proposición no de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que se reclama la activación inmediata de un plan integral de reconstrucción y recuperación socioeconómica para La Palma, con trece medidas concretas y calendario de ejecución.
Rojas apunta especialmente al capítulo de los 400 millones prometidos para la reconstrucción. “No solo no han llegado, sino que su ausencia ha obligado al Gobierno canario a tirar de su propio superávit para tapar los agujeros que deja el Estado”, denuncia el diputado. “Eso tiene un nombre: dejación de funciones. Y ya no hay excusas que valgan para justificarlo”. Y recuerda que el PSOE se abstuvo tanto en la Comisión Mixta sobre Insularidad, al votarse una PNL del PP para extender ayudas a los afectados, como en el Parlamento de Canarias ante medidas urgentes de recuperación económica para el Archipiélago.
Frente a ese vacío, la iniciativa popular concreta una alternativa con fechas y dinero sobre la mesa. La PNL exige la transferencia de 100 millones de euros anuales al Gobierno de Canarias en 2026, 2027 y 2028 para financiar el Plan de Recuperación de la Isla; la ampliación hasta el 31 de diciembre de 2026 de las medidas de reconstrucción económica para autónomos, agricultores y empresas afectadas; y el mantenimiento de la deducción del 60% en el IRPF para los residentes en La Palma durante ese mismo periodo.
En materia de empleo, la proposición reclama la aportación de 30 millones de euros del SEPE para un Plan Especial de Empleo, así como una bonificación del 50% en la cuota patronal de la Seguridad Social para contratos indefinidos en la Isla. Para el sector agrario, exige la cobertura estatal del 100% del tramo de ayuda adicional del programa POSEI autorizado por la Comisión Europea.
La PNL incluye también medidas estructurales de largo alcance: un nuevo marco plurianual de infraestructuras que incorpore las actuaciones reclamadas por las entidades locales; la finalización de la reconstrucción agraria del Valle de Aridane, incluidas las infraestructuras viales e hidráulicas; la declaración de emergencia de las obras de reconstrucción de servicios e instalaciones públicas destruidos por la erupción; y la actualización de las compensaciones por transporte de mercancías para corregir el sobrecoste de la doble insularidad.
En cuanto a comunicaciones, el Grupo Popular exige garantizar los incentivos de conectividad aérea, declarar de servicio público la conexión directa entre las islas verdes y priorizar las inversiones en el Aeropuerto de La Palma en el marco del DORA III para el periodo 2027-2031. La iniciativa contempla asimismo un Plan de reposicionamiento turístico competitivo para la Isla y la creación de mecanismos de seguimiento interadministrativo continuo para garantizar el cumplimiento de todos los compromisos.
Juan Antonio Rojas es contundente en el diagnóstico, “mientras el Gobierno acumula anuncios, en La Palma la gente sigue sin casa, sin trabajo y sin horizonte. El Grupo Popular no va a consentir que esta situación se enquiste. La Isla no necesita más palabras; necesita hechos, recursos y compromiso. Y eso es exactamente lo que este Gobierno lleva cuatro años sin ofrecer”.