Juan Antonio Rojas denuncia que el recorte real en las ayudas al transporte dispara precios y castiga a empresas y familias.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley con el objetivo de asegurar el cumplimiento efectivo del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias en la compensación al transporte de mercancías, un instrumento clave para corregir los sobrecostes derivados de la insularidad y la lejanía.
El diputado canario Juan Antonio Rojas explicó que la iniciativa persigue que las compensaciones alcancen de forma real el 100% del coste subvencionable. “El REF no admite interpretaciones parciales. Su aplicación debe ser completa para evitar desventajas estructurales”, afirmó.
Rojas señaló que el sistema actual presenta un desfase significativo entre los costes reconocidos por la Administración y los que asumen las empresas. Esta diferencia, indicó, reduce la eficacia de las ayudas y traslada presión a la actividad económica del Archipiélago. “El incumplimiento práctico del 100% rompe el equilibrio que el REF debe garantizar”, aseveró.
El parlamentario popular puso el foco en la falta de revisión de los costes tipo desde hace años, lo que impide reflejar la evolución del mercado. A esta situación se suma un escenario internacional complejo, marcado por el encarecimiento energético, la inestabilidad en rutas estratégicas y el aumento de recargos asociados al transporte marítimo. Estos factores han elevado los gastos logísticos y afectan tanto a la producción como al abastecimiento.
La propuesta del PP plantea la convocatoria de la Comisión Mixta Canarias-Estado en un plazo breve para abordar la actualización técnica pendiente. También propone revisar la metodología de cálculo para incorporar variables reales del mercado, garantizar recursos presupuestarios suficientes y establecer sistemas de adaptación que respondan a cambios extraordinarios en el contexto global.
Rojas insistió en que esta cuestión trasciende el ámbito empresarial. “Cada desviación en los costes termina repercutiendo en el precio final de los productos. Por eso hablamos también del poder adquisitivo de las familias canarias”, apuntó.
El Grupo Popular defiende que el cumplimiento del REF constituye una obligación legal del Estado y un elemento esencial para la cohesión territorial. La iniciativa busca recabar un respaldo amplio en el Congreso que permita reforzar la competitividad de Canarias y asegurar condiciones equitativas respecto al resto del territorio nacional.