El 97% de los diputados la apoyaron, por ello, “no hay razón para que no se tramite”, afirma Guillermo Mariscal, secretario tercero de la Mesa y diputado por Las Palmas
“Están extendiendo el plazo de enmiendas sin motivos, con el único objeto de que esta iniciativa no salga adelante”, denuncian los diputados y senadores canarios, que recuerdan que esto afecta a unas 22.000 personas en Canarias"
Los diputados y senadores canarios del Partido Popular denunciaron este miércoles el “bloqueo sistemático por parte de Francina Armengol en la Mesa del Congreso” de la Proposición de Ley de compensación económica para las personas celíacas, una iniciativa que cuenta con un respaldo mayoritario de la Cámara, pero cuya tramitación la Mesa está impidiendo mediante dilaciones injustificadas.
La propuesta, impulsada por el PP y respaldada de forma abrumadora por el 97% de la Cámara en su votación inicial el pasado 21 de octubre, tiene dos objetivos fundamentales: por un lado, crear un registro nacional de personas con enfermedad celíaca; y, por otro, la concesión de una ayuda económica directa de 600 euros a las personas inscritas en dicho registro, para ayudarles a afrontar el elevado coste de la cesta de la compra, dado el precio significativamente más alto de los alimentos sin gluten.
A pesar del amplísimo apoyo inicial, la iniciativa se encuentra actualmente en fase de enmiendas. Según el diputado por Las Palmas y secretario tercero de la Mesa del Congreso, Guillermo Mariscal, “estamos observando que la mayoría de la Mesa está bloqueando el plazo de enmiendas, alargándolo sin motivos, con el único objeto de que esta iniciativa no se apruebe”.
Mariscal hizo estas declaraciones antes de mantener una reunión con la Asociación de Celíacos de Canarias (ASOCECA) en su sede de la capital grancanaria, junto con la también diputada por Las Palmas Jimena Delgado; la senadora autonómica del PP, Rosa Viera; y el senador popular por Gran Canaria, Jaime Morales.
Los representantes del Partido Popular desglosaron el impacto económico, que contempla un coste estimado de 60 millones de euros anuales para atender a las aproximadamente 100.000 personas ya diagnosticadas en España. En cuanto al impacto potencial, dado que se estima que el 1% de la población es susceptible de padecer la enfermedad (lo que representaría a unas 480.000 personas en España), el presupuesto total podría alcanzar los 288-300 millones de euros si se lograra el diagnóstico completo de la población afectada. Esta medida es vital para la situación en Canarias, donde residen aproximadamente 22.000 personas celíacas, quienes sufren el sobrecoste alimentario de forma más aguda debido al precio significativamente más alto de los productos sin gluten.
“Para darnos cuenta de la dimensión”, señaló, “el año pasado se alcanzó el récord de recaudación histórica de nuestro país, con 300.000 millones de euros” y que solamente con el IVA de las balizas V16 se estima que se recaudarán 300 millones de euros, por lo que “no es un problema económico, es un problema de voluntad política”.
Además, insistió en que la enfermedad celíaca es una patología con un fuerte componente familiar, porque suele afectar a más de un miembro por hogar. La ayuda de 600 euros sería directa a cada persona e independiente de la renta, reconociendo el sobrecoste familiar que supone la alimentación sin gluten, más aún teniendo en cuenta la subida en el coste de la cesta de la compra de los últimos años.
La iniciativa fue tomada en consideración en el Pleno el 21 de octubre con 338 votos a favor, aunque registró tres votos en contra, todos ellos telemáticos: dos del PSOE y uno del Grupo Plurinacional SUMAR. “Incluso esos votos negativos reflejan que la izquierda no tenía claro su posicionamiento, pero en ningún caso justifican el bloqueo de una Ley que cuenta con respaldo suficiente para avanzar”, afirmó.
Los senadores Rosa Viera y Jaime Morales manifestaron la voluntad del Grupo Popular de tramitar esta iniciativa en el Senado con la mayor celeridad posible una vez que finalice su recorrido en el Congreso. “Consideramos que existe un amplio consenso político, como ya se demostró en la Comisión de Sanidad”, donde se había aprobado una PNL (Proposición No de Ley) de apoyo a este colectivo. “El PSOE y Sumar ya no tienen excusas para seguir retrasando una iniciativa que es justa, necesaria y asumible”, afirmaron.